MIRADAS

Una conversación sobre el mundo que compartimos

Teresa Barragán

Hay ideas que nos parecen tan naturales que olvidamos que alguien tuvo que conquistarlas.

Hoy damos por hecho que una persona no debe ser juzgada por su apellido, por sus ideas políticas, por su riqueza o por la cercanía que tenga con quien gobierna. Nos parece evidente que la ley deba ser la misma para todos.

Pero durante siglos no fue así.

En buena parte del mundo, la justicia dependía de quién eras antes que de lo que habías hecho. Había leyes distintas para personas distintas. Existían privilegios para la nobleza, para el clero y para quienes gozaban del favor del poder. La ley no comenzaba preguntando qué había ocurrido; comenzaba preguntando quién estaba frente a ella.

La humanidad tardó siglos en comprender que una sociedad verdaderamente libre sólo podía existir cuando la ley dejara de distinguir entre personas.

Por eso 1789 marcó un antes y un después. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano proclamó un principio que transformó la historia: todos los ciudadanos son iguales ante la ley. No fue solamente una innovación jurídica; fue una revolución moral. Desde entonces, el poder dejó de ser fuente de privilegios para quedar sometido a un principio superior: la ley debía proteger y sancionar con el mismo criterio a todos.

Con el tiempo, esa idea se convirtió en uno de los pilares de las democracias modernas. México también la hizo suya al consagrar la igualdad de las personas ante la ley y prohibir los tribunales especiales y las leyes privativas. No se trata de un tecnicismo constitucional. Es la garantía de que ningún ciudadano quedará indefenso frente al poder.

De esa convicción nace también la división de poderes.

No porque quienes gobiernan sean necesariamente malas personas, sino porque la historia ha demostrado que todo poder necesita límites.

Y precisamente por eso existe un Poder Judicial independiente.

No para proteger a los jueces.

No para defender al gobierno.

Sino para proteger al ciudadano cuando un día tenga frente a sí al Estado.

Ésa es su verdadera razón de ser.

La independencia judicial no es un privilegio de quienes imparten justicia; es un derecho de quienes algún día podrían necesitar que alguien le diga al poder: hasta aquí llega la ley y de aquí no puedes pasar.

Los derechos fundamentales rara vez desaparecen de un solo golpe.

Casi siempre se erosionan lentamente.

Empiezan a debilitarse cuando dejamos de exigir el mismo criterio para todos. Cuando las excepciones dejan de escandalizarnos. Cuando aceptamos que unas investigaciones avancen con una rapidez extraordinaria mientras otras parecen permanecer indefinidamente inmóviles. Cuando la ley se muestra implacable —a veces hasta lo absurdo— frente a unos y extraordinariamente paciente —también hasta lo absurdo— frente a otros.

No corresponde a los ciudadanos decidir quién es culpable y quién es inocente. Para eso existen las investigaciones, el debido proceso y los jueces.

Lo que sí nos corresponde es exigir que el camino de la justicia sea el mismo para todos.

Porque una democracia no se mide por el número de personas detenidas. Se mide por la confianza de sus ciudadanos en que la ley recorrerá exactamente el mismo camino, sin importar el nombre, el cargo o la cercanía con el poder de quien esté siendo investigado.

Tal vez el cambio más profundo no ocurrió cuando modificamos nuestras leyes.

Ocurrió cuando dejamos de sorprendernos.

Cuando empezamos a considerar normal que la respuesta del Estado pareciera variar de un caso a otro. Cuando dejamos de preguntarnos por qué unos enfrentan toda la fuerza de las instituciones mientras otros parecen no encontrar jamás esa misma determinación. Cuando dejamos que las simpatías políticas sustituyeran a los principios.

Ése fue el momento verdaderamente peligroso.

Porque una ley severa puede ser discutible.

Pero una ley que cambia de intensidad según la persona deja de ser ley para convertirse en arbitrariedad.

Y la arbitrariedad ha sido, desde siempre, el verdadero enemigo de la libertad.

Hace apenas unos meses México decidió transformar profundamente la integración de su Poder Judicial. Habrá quienes consideren que la reforma fortalecerá nuestra democracia y quienes sostengan exactamente lo contrario. El tiempo permitirá evaluar sus resultados. Pero hay algo que no debería depender de preferencias políticas: la confianza de los ciudadanos en que quien los juzgue responderá únicamente a la Constitución y a la ley, y no a intereses ajenos a ellas.

Tal vez el mayor error sea pensar que los derechos fundamentales sólo se pierden cuando desaparecen de la Constitución.

La historia demuestra exactamente lo contrario.

Empiezan a perderse mucho antes: cuando dejan de aplicarse con el mismo criterio para todos.

Después de más de dos siglos de lucha para conquistar ese principio, quizá la pregunta que hoy deberíamos hacernos no es si la igualdad ante la ley sigue escrita en nuestra Constitución.

La verdadera pregunta es otra:

¿En qué momento dejamos de exigir que la ley fuera exactamente la misma para todos?

Porque la verdadera medida de la justicia nunca ha sido la severidad con la que trata a unos, sino la certeza de que trata exactamente igual a todos.

Y cuando esa medida deja de depender de los hechos para empezar a depender del nombre, del cargo o de la cercanía con el poder, lo que comienza a perderse no es sólo la confianza en la justicia. Lo que se empieza a perder, poco a poco y casi sin advertirlo, es la libertad de todos.