El Auditor Superior del Estado de Chihuahua, Héctor Acosta Félix, señaló que el Sistema Nacional Anticorrupción requiere cambios profundos ante los resultados que ha tenido a una década de su creación.

Durante la Asamblea Ordinaria de la Comisión de Contralorías Estados-Federación de la región noroeste, realizada en Chihuahua, el auditor también planteó reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas y fortalecer el funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización.

Acosta Félix sostuvo que el Sistema Nacional Anticorrupción surgió en medio de una crisis de credibilidad hacia el gobierno federal y consideró que su diseño no habría partido de un análisis suficientemente profundo sobre las mejores prácticas para prevenir y combatir la corrupción.

Entre los puntos señalados se encuentra la integración de su Comité Coordinador, donde participan instituciones que, de acuerdo con el auditor, por la naturaleza de sus funciones deben mantener imparcialidad, como el Poder Judicial y los tribunales de justicia administrativa.

También indicó que, después de aproximadamente una década de funcionamiento del sistema, algunos subsistemas de la Plataforma Digital Nacional continúan subutilizados o sin operar plenamente.

Plantea cambios a la ley de responsabilidades

Acosta Félix señaló además la necesidad de reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

De acuerdo con lo expuesto durante el encuentro, existen estadísticas que muestran una disminución a nivel nacional en la aplicación de sanciones desde la entrada en vigor de esta legislación.

El auditor explicó que determinadas conductas detectadas de manera cotidiana por los órganos fiscalizadores actualmente no necesariamente derivan en sanciones administrativas.

Busca fortalecer la coordinación de auditorías

El titular de la Auditoría Superior del Estado también planteó poner en operación efectiva el Sistema Nacional de Fiscalización, mecanismo que forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción.

Según explicó, su funcionamiento permitiría ampliar la cobertura de las auditorías realizadas a la Federación, estados y municipios, además de homologar criterios entre los distintos organismos fiscalizadores.

Asimismo, ayudaría a evitar casos en los que una misma institución es revisada simultáneamente por distintos organismos, mientras otros entes públicos no son auditados cada año.

La reunión fue encabezada por el secretario de la Función Pública de Chihuahua, Roberto Fierro, y contó con representantes de las áreas de control interno de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora.

También participaron representantes del Estado de México y Alejandra Pani Barragán, secretaria Anticorrupción del Estado de Morelos y coordinadora nacional.

Las declaraciones de Acosta Félix reabren la discusión sobre el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción y los mecanismos utilizados en México para fiscalizar los recursos públicos y sancionar irregularidades administrativas.